Las infraestructuras portuarias españolas tienen, actualmente, una calidad superior a la de países como Alemania, Francia e Italia: así lo reconoce el foro Económico Mundial en su informe de competitividad.
Nuestro país ocupa el puesto undécimo en el ranking mundial de conectividad marítima que elabora Naciones Unidas. 2015 se cerró con 501.815.622 toneladas manipuladas, con un incremento del 4,09% respecto a 2014. Un nuevo récord, incluso mayor que la cifra histórica alcanzada en 2007. Todos los puertos españoles llegaron al millón de toneladas manipuladas.
Los puertos españoles de Bahía de Algeciras, Valencia y Barcelona cerraron el año 2014 en posiciones destacadas en el TOP 100 de puertos del mundo con mayor movimiento de contenedores.
Algeciras en el puesto 31 a nivel mundial y el 5º europeo, Valencia en el 34 del mundo y el 6º en Europa, y Barcelona en el 79 a nivel mundial y el puesto 15 en el contexto europeo. Estos tres puertos españoles, con 10,9 millones de contenedores, movieron el 14,5% del total europeo.
Hasta noviembre de 2015, el conjunto de los puertos españoles movió algo más de 13 millones de TEUs, de los cuales el 52,4% fue en tránsito.
Además, según el informe “Doing Business en España 2015”, realizado por el Banco Mundial, el coste medio de la manipulación en puerto y terminal de un contenedor en los puertos de Algeciras, Barcelona, Bilbao, Valencia y Vigo es menor que en otros puertos como Hamburgo y Le Havre. En concreto, realizar los servicios de puerto y terminal en el puerto de Algeciras genera un coste incluso menor que en puertos como Rótterdam o Dublín.
Además, muchas empresas están reforzando sus intereses en los puertos españoles y asistimos a una verdadera inyección de capital extranjero.
Según datos de Puertos del Estado, hasta octubre de 2015 se habían presentado 357 solicitudes de ampliación o prórroga de concesiones, con un compromiso estimado de nuevas inversiones que supera los 1.670 millones de euros.
En la misma línea, los puertos de Algeciras y Barcelona han sido galardonados por sus niveles de productividad en 2014 por la publicación norteamericana especializada en el sector portuario Journal of Commerce (JOC).
Todas estas cifras estelares se han logrado con un sistema en el que los estibadores portuarios se organizan en sociedades de estiba SAGEP instaladas en los puertos de interés general. En cada puerto, las empresas estibadoras interesadas en operar poseen una participación en el capital de la SAGEP.
Puedo enunciar lo obvio, por si queda algún despistado: el sistema portuario español funciona. Es eficiente, productivo y fomenta la diversidad de operadores y la competencia.
Es un sistema nacido del consenso entre todos los implicados en el sector y apuntalado por la última reforma de la Ley de Puertos, en 2010, ratificada por todas las fuerzas políticas.
Yo mismo intervine como ponente en el Congreso de los Diputados con una exposición en la que subrayé la importancia, para todos, de que el sector marche bien y sea competitivo a nivel internacional, a la vez que reivindiqué que, para lograrlo, había que garantizar que los trabajadores portuarios realicen sus tareas en condiciones adecuadas y en un entorno laboral estable.
Fue un momento muy delicado en el que las principales fuerzas políticas del país supieron entender la importancia de dar seguridad jurídica y paz social a un sector clave para la economía española.
Fruto de este consenso se definió nuestro actual modelo de estiba, con notables mejoras respecto a la legislación anterior, adaptado a nuestros puertos y su situación estratégica en el mapa mundial.
Llevamos trabajando organizados en SAGEP desde el año 2011 y no ha supuesto quebradero de cabeza alguno para ninguna empresa inteligente, que ve mucho más beneficiosa la posibilidad de satisfacer el servicio a través de una bolsa de contratación por jornadas, en la que los gastos de personal se reparten entre todos y en función del nivel de actividad, que tener a un personal fijo en plantilla independientemente del flujo de trabajo existente. Un modelo que, a la vista está, admite la participación de cada vez mayor número de operadores, españoles y extranjeros.
Es un sistema de trabajo que ha garantizado calidad y profesionalidad, ya que se asienta sobre la formación y la cualificación del colectivo de estibadores y estibadoras, favorece la polivalencia y se adapta a las necesidades de flexibilidad de las empresas.
Además, han sido unos años de estabilidad laboral en los que se ha firmado el IV Acuerdo para la regulación de las relaciones laborales en el sector de la estiba portuaria, un modelo moderno de negociación colectiva con instrumentos eficaces para la resolución negociada de los conflictos, aunque, bajo mi punto de vista, está siendo infrautilizado por las empresas. Son el diálogo social en los puertos y el buen funcionamiento de los convenios colectivos las únicas herramientas para continuar avanzando en la modernización y adaptación a las necesidades.
Reitero la enunciación de lo obvio: el sistema portuario español funciona. No solo, como veíamos, por su competitividad, que lo ha convertido en trampolín para colocar al país en una estratégica posición dentro de las grandes rutas comerciales del mundo, sino también como garante de estabilidad y paz social en nuestros muelles.
Sin embargo, y aunque parezca increíble, cerramos 2014 con una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE en la que se condena a España por tener una Ley de Puertos incompatible con los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, pues nuestro modelo de estiba obliga a las empresas estibadoras a inscribirse en una SAGEP y participar en su capital social y a contratar con carácter prioritario a los trabajadores de la SAGEP.
Y yo me pregunto: ¿Por qué condenar a la incertidumbre e inestabilidad a unos puertos que baten records históricos en movimiento de mercancías, a unos puertos a los que se premia por la eficiencia y competitividad de sus infraestructuras, por la productividad de sus trabajadores y por la calidad del servicio ofrecido?
¿Es realmente necesaria una nueva reforma de nuestro sistema de trabajo?
¿Para qué?
Desde la incomprensión, apelo a la cordura y me enorgullezco, una vez más, del talante conciliador que hemos mostrado en el sector.
Tras conocer la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea la parte empresarial y laboral hemos dialogado para la búsqueda de una adaptación a los requerimientos europeos y desde julio del año pasado entregamos una plataforma consensuada a los responsables políticos de defendernos en Europa.
Confío en que el próximo gobierno que tengamos cierre este capítulo desestabilizador del mismo modo que construimos la Ley de Puertos de 2010: con consenso y participación de todas las voces, para que nuestro sector siga siendo uno de los pulmones que, en mayor medida, insufla oxígeno a la maltrecha economía española, un modelo de eficacia, competitividad, flexibilidad y paz social.